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Preguntas Frecuentes
preguntas sobre insolvencia
¿Insolvencia?
¿Qué es exactamente la Ley de Insolvencia para personas naturales?
Es un mecanismo legal, regulado por el Código General del Proceso y actualizado por la Ley 2445 de 2025, que permite a personas naturales negociar sus deudas, suspender los cobros judiciales en su contra y reorganizar sus pagos mediante un acuerdo viable con sus acreedores. Si no es posible llegar a un acuerdo, la persona puede solicitar la liquidación ordenada de su patrimonio.
¿Cuáles son los requisitos principales para acogerse a la insolvencia?
Para acceder al régimen de insolvencia usted debe cumplir dos condiciones: primero, estar en mora con dos o más acreedores por más de 90 días, o tener dos o más procesos de cobro judicial o extrajudicial en curso en su contra; segundo, que el valor de las obligaciones en mora represente al menos el 30% de su pasivo total. Este trámite está disponible para personas naturales no comerciantes y, desde la llegada de Ley 2445 de 2025, también para pequeños comerciantes (aquellos que tengan la calidad de comerciantes cuyos activos totales no superen 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin contar la vivienda familiar ni el vehículo de trabajo).
¿Qué pasa con las llamadas de cobro y los embargos al iniciar el proceso?
Una vez que el centro de conciliación, la notaría o el juez admite la solicitud de insolvencia, por ley se suspenden de inmediato los procesos ejecutivos, los embargos sobre sueldo o bienes y el cobro de intereses de mora. Además, los servicios públicos del domicilio del deudor no pueden suspenderse por las deudas incluidas en el trámite, y si ya estaban suspendidos deben restablecerse.
¿Se pueden perder los bienes durante un proceso de insolvencia?
No necesariamente. El objetivo principal de la primera etapa es llegar a un acuerdo de pago que permita conservar el patrimonio. Solo si no se logra un acuerdo con los acreedores se pasa a la etapa de liquidación patrimonial, en la que se entregan los bienes disponibles para saldar las deudas hasta donde alcancen.
¿Qué sucede con las deudas si no tengo bienes suficientes para pagarlas?
Si el proceso llega a la fase de liquidación patrimonial y los bienes no alcanzan para cubrir el 100% de lo debido, el saldo restante de las deudas sin respaldo se extingue legalmente lo que significa que ya no podrá ser cobrado por los acreedores, con esto la ley busca permitir a la persona empezar de nuevo sin saldos pendientes.
¿Cuál es la diferencia entre declarar la insolvencia como persona natural y como empresa o comerciante?
Las empresas y los comerciantes con activos superiores a 1.000 salarios mínimos aplican principalmente la Ley 1116 de 2006 (régimen de insolvencia empresarial), tramitada ante la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles. Las personas naturales no comerciantes, y desde la Ley 2445 de 2025 también los pequeños comerciantes, utilizan un procedimiento distinto ante centros de conciliación, notarías o jueces civiles municipales. El régimen empresarial está diseñado para reestructurar pasivos operativos complejos y mantener en marcha la unidad productiva.
¿Qué requisitos debe cumplir una empresa o comerciante para solicitar la reorganización empresarial?
La empresa debe estar en cesación de pagos (incumplir durante más de 90 días con dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores, que en conjunto representen al menos el 10% del pasivo total) o en incapacidad de pago inminente (prever, con base en circunstancias ciertas y verificables, que no podrá cumplir sus compromisos a corto plazo).
¿Qué beneficios inmediatos obtiene un comerciante o empresa al ser admitido en reorganización?
Al admitirse el proceso, se suspenden los cobros ejecutivos, las ejecuciones de garantías, y no pueden decretarse embargos sobre los bienes necesarios para la operación. La empresa continúa funcionando y conserva la administración de su negocio, bajo la supervisión de un promotor designado. La figura del liquidador solo interviene si el proceso termina en liquidación judicial.
¿Qué ocurre con las deudas con la DIAN, trabajadores y proveedores estratégicos durante el proceso?
La ley establece un orden de prelación estricto en el que las deudas laborales (salarios y pensiones) y fiscales (DIAN o entes territoriales) tienen la máxima prioridad en la negociación del acuerdo. Los proveedores estratégicos necesarios para mantener el negocio en operación pueden negociar condiciones diferenciadas dentro del acuerdo de reorganización, siempre que se respete la regla legal de trato equitativo entre acreedores de una misma clase.
¿Qué diferencia hay entre la Reorganización Empresarial y la Liquidación Judicial?
La reorganización busca salvar la empresa mediante un acuerdo vinculante de pago con sus acreedores que reestructura plazos y tasas. La liquidación judicial, en cambio, se aplica cuando la empresa no es viable: se cierran las operaciones, se inventarían los activos y se venden o adjudican para saldar las deudas hasta donde alcance el patrimonio.
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Personas naturales y pequeños comerciantes
¿Cuánto dura el proceso de insolvencia?
La etapa de negociación de deudas tiene un término legal de 60 días (3 meses) contados desde la audiencia, prorrogables hasta 30 días adicionales para personas naturales no comerciantes, y plazos mayores para pequeños comerciantes según lo acuerden las partes (90 a 180 días). Si no se llega a un acuerdo dentro de ese plazo, el trámite pasa a la etapa de liquidación patrimonial, cuya duración depende de la cantidad y complejidad de los bienes a liquidar.
¿Qué documentos necesito para presentar la solicitud?
Debe aportar a su asesor, entre otros: un informe de las causas de su situación económica, la relación completa de sus acreedores (nombre, dirección, cuantía, tasa de interés y datos de codeudores o fiadores), la relación de sus bienes (incluidos los que tenga en el exterior), sus ingresos y gastos mensuales, y una propuesta inicial de pago. El conciliador revisará la solicitud y, si le falta algún documento, le concede un plazo para completarla. Se hace la aclaración de que estos documentos son iniciales para presentar la solicitud, dependiendo del caso el asesor legal podrá solicitar documentos adicionales
¿Qué pasa con mis codeudores o fiadores mientras estoy en el proceso de insolvencia?
La protección del proceso cubre al deudor principal, pero no se extiende automáticamente a codeudores, fiadores o avalistas. Los acreedores conservan el derecho de cobrarles directamente el 100% de la deuda mientras el deudor principal está en proceso de negociación. Por eso es importante hablar con quienes hayan firmado como codeudores antes de iniciar el trámite.
¿La insolvencia afecta mi reporte en centrales de riesgo (datacrédito)?
Sí, mientras la deuda esté en mora se mantiene el reporte negativo. Sin embargo, conforme a la Ley 2157 de 2021 (habeas data financiero), una vez la obligación se paga o se extingue mediante el acuerdo, el dato negativo solo puede permanecer en el reporte por el doble del tiempo que estuvo en mora, con un tope máximo de 4 años.
¿Puedo volver a solicitar la insolvencia si ya la usé antes?
Sí, pero con restricciones de tiempo. Si cumplió totalmente un acuerdo de pago anterior, debe esperar 5 años desde esa fecha para solicitar un nuevo trámite. Si el proceso terminó en liquidación patrimonial, el término de espera es de 10 años (o 5 años si sus bienes cubrieron la totalidad de lo reconocido a los acreedores), y de 15 años si se le negó el beneficio del descargue de deudas por haber ocultado información.
¿Puede toda mi familia tramitar la insolvencia de forma conjunta?
Sí. La Ley 2445 de 2025 permite que cónyuges, compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad soliciten el trámite de forma conjunta ante el mismo conciliador, cuando cada uno cumple individualmente los requisitos de ley. Esto puede reducir costos y tiempos, aunque cada proceso se evalúa y decide de forma independiente.
¿Qué deudas quedan por fuera del proceso de insolvencia?
Las obligaciones alimentarias no se incluyen en el trámite y siguen siendo exigibles en su totalidad. Tampoco se afectan, salvo pacto expreso en contrario, las obligaciones garantizadas con bienes que el deudor decida excluir del acuerdo, como un crédito hipotecario sobre la vivienda que quiera seguir pagando de forma independiente.
Empresas y comerciantes (Ley 1116 de 2006)
¿Es obligatorio contratar un abogado para solicitar la reorganización empresarial?
La ley permite que el deudor presente la solicitud directamente o a través de abogado. En la práctica, dada la complejidad de los requisitos (estados financieros, inventario de activos y pasivos, flujo de caja, plan de negocios y proyecto de calificación y graduación de créditos), casi siempre se requiere asesoría legal y contable especializada. Cuando la solicitud la presenta un acreedor, necesariamente debe hacerse por medio de abogado.
¿Qué pasa con los contratos vigentes de la empresa (arrendamientos, proveedores, contratos de trabajo) durante la reorganización?
El solo inicio del proceso de reorganización no permite terminar unilateralmente ningún contrato vigente, incluidos arrendamientos, contratos de suministro y contratos de trabajo. Los prestadores de servicios públicos tampoco pueden suspender el servicio por deudas anteriores a la admisión. El deudor puede buscar renegociar, de mutuo acuerdo, los contratos de tracto sucesivo, o pedirle al juez del concurso autorización para terminarlos si resultan inviables para la operación.
¿Los socios o accionistas responden con su patrimonio personal por las deudas de la empresa en reorganización?
Por regla general no. En las sociedades de responsabilidad limitada o por acciones (como la SAS), la responsabilidad de los socios se limita al capital que aportaron. La Ley 1116 de 2006 contempla excepciones puntuales: los socios, e incluso las matrices o controlantes, pueden responder con su propio patrimonio cuando se demuestre que usaron la empresa para defraudar a los acreedores, ocultar o dilapidar bienes, o llevarla a la crisis de forma fraudulenta.
¿Qué pasa con los trabajadores de la empresa durante el proceso de reorganización?
Los contratos de trabajo continúan vigentes; el inicio del proceso no es causal de terminación. Los salarios y prestaciones que se causen después de la admisión se pagan como gastos de administración, con preferencia sobre las demás deudas. Las acreencias laborales previas a la admisión (salarios, prestaciones y aportes pensionales) tienen, junto con las obligaciones alimentarias, la más alta prioridad de pago dentro del acuerdo.
